Cuatro principios que vertebran la asociación.
Cada empresa asociada se compromete con estos pilares como condición esencial para pertenecer a la red AEMD. Su cumplimiento es la base del distintivo institucional.
Marco normativo y legalidad
Toda actuación se ejecuta dentro de la ley.
Las empresas asociadas operan en estricto cumplimiento del marco jurídico español: Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Arrendamientos Urbanos, Código Penal, Ley Orgánica de Protección de Datos y normativa autonómica aplicable. Se descarta cualquier práctica coercitiva, intimidatoria o reñida con la legalidad vigente.
Ética de la mediación
El acuerdo, antes que el conflicto.
La mediación es el primer recurso ante cualquier situación de ocupación, impago o conflicto inmobiliario. Las empresas asociadas priorizan el diálogo, la negociación y los acuerdos voluntarios entre las partes, reservando la vía judicial únicamente para los supuestos en los que la mediación resulta inviable o ha sido rechazada.
Defensa sectorial
Una voz colectiva, profesional y reconocible.
AEMD representa al sector ante medios de comunicación, instituciones públicas y entidades privadas, defendiendo el trabajo bien ejecutado frente a la imagen distorsionada que ciertas prácticas marginales han proyectado sobre el conjunto del sector. La asociación articula posición institucional ante novedades normativas y debates públicos relevantes.
Red nacional coordinada
Cobertura, criterios comunes y derivación territorial.
Las empresas afiliadas forman una red presente en todo el territorio nacional, con criterios operativos homogéneos y un sistema de derivación de casos por zona de actuación. Esta coordinación permite ofrecer cobertura profesional en cualquier provincia, evitando solapamientos y fomentando la convivencia profesional entre asociadas.
Pilar transversal
Departamento jurídico y defensa profesional
AEMD pone a disposición de las empresas afiliadas un departamento jurídico colaborador orientado a tres funciones: homogeneizar criterios de actuación entre asociadas, reforzar la seguridad jurídica en la toma de decisiones operativas, y asesorar en incidencias o conflictos derivados del desarrollo ordinario de la actividad profesional.
Este departamento actúa como soporte transversal a los cuatro pilares y constituye una de las ventajas diferenciales de la afiliación.